Mientras que en los países que fueron los primeros en adoptar protocolos médicos (bloqueadores de la pubertad, pruebas cruzadas de hormonas) para la transición de los menores -como Suecia y Noruega- se está volviendo al enfoque psicológico en primera instancia, en otros países en los que se han alcanzado recientemente los máximos niveles de transición, la terapia conversacional sigue considerándose terapia de conversión. Este caso español es ejemplar. Solidaridad con Carola López Moya.
Una psicóloga feminista de izquierdas y crítica de la identidad de género es la primera persona imputada en España por "promover presuntamente terapias de conversión a personas trans". Se arriesga a una fuerte multa y a perder su licencia.
Después de dos quejas de la Asociación de Transexuales de Andalucía y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador de Carola López Moya, una psicóloga que trabaja principalmente con mujeres que, como ella, son madres de niños discapacitados.
López Moya ha terminado en el punto de mira de los activistas queer por mensajes en las redes sociales en los que afirma, por ejemplo, que "las mujeres trans son hombres"y que"si alguien está descontento con su cuerpo, lo lógico es ayudarle a aceptar su cuerpo con la menor invasión posible". Pero la denuncia vino principalmente por un tuit en el que escribió que sus pacientes "están progresando precisamente porque Les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido por el género, una construcción cultural que subordina a las mujeres".
Este tuit, según los denunciantes y la Junta de Andalucía, demuestra que la ayuda ofrecida por la psicóloga es una especie de "terapia de conversión" y por lo tanto "puede constituir una infracción muy grave dedisposiciones administrativas en virtud de la ley regional sobre la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI".
La norma, aprobada en 2017 sanciona la promoción, difusión o ejecución "por cualquier medio de cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de adaptarla a un modelo heterosexual y/o cisexual". López Moya se arriesga ahora a un una multa de entre 60.000 y 120.000 eurosasí como la prohibición de acceder a ayudas públicas y de celebrar contratos con la administración, inhabilitación personal por un periodo de tres a cinco años y cierre temporal de su actividad.
María Celeste
Artículo completo aquí
